Alejandro Irarragorri Gutiérrez, propietario del grupo Orlegi y de los clubes de futbol Santos Laguna y Atlas, quedó oficialmente desvinculado de una acusación penal relacionada con una presunta defraudación fiscal equivalente a 17 millones 69 mil 865 pesos. Así lo informó el club Santos Laguna a través de un comunicado emitido este miércoles, donde se detalla que el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, dictó un auto de no vinculación a proceso para Irarragorri.
En el documento se especifica que el titular del juzgado determinó no vincular al empresario al proceso penal, al considerar que no existen elementos objetivos suficientes que acrediten la existencia del delito imputado ni la supuesta participación que se le atribuía. Ante esta evaluación, se dictó auto de no vinculación a proceso, lo que implica el cese formal de la imputación penal en contra de Irarragorri dentro de la causa promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) a petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La acusación contra el empresario se originó en 2023, luego de una denuncia presentada por la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR, derivada de una carpeta de investigación donde se le señalaba por la presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a salarios de 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el primer semestre de 2017. Las cantidades involucradas en estos sueldos superaban los 54 millones de pesos, mientras que la supuesta defraudación se cifraba en más de 17 millones.
Las investigaciones señalaron que directivos del club habrían implementado una estrategia para evadir el pago del ISR, registrando ciertos depósitos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, exentas de impuestos, en lugar de clasificarlas como percepciones salariales sujetas al ISR. A pesar de la investigación y diversas diligencias, el juzgado federal resolvió que no se lograron acreditar los elementos necesarios para sustentar la acusación penal, y por tanto, el proceso en contra de Irarragorri fue concluido sin responsabilidad penal para el empresario.
Durante el desarrollo del caso, Irarragorri obtuvo en 2024 un amparo judicial por parte del juzgado décimo de distrito en materia de amparo en la Ciudad de México, para garantizar su acceso a la carpeta de investigación. Asimismo, en un incidente paralelo, se giró una orden de arresto tras su supuesta inasistencia a una audiencia virtual que finalmente fue cancelada y reprogramada. La resolución judicial de este miércoles deja sin efecto las imputaciones y pone fin al proceso que se mantuvo abierto por la presunta defraudación fiscal.