El Gobierno de Estados Unidos reportó el hundimiento de una lancha en aguas internacionales cercanas a Venezuela, incidente que dejó como saldo cuatro personas fallecidas a bordo. Según información oficial proporcionada este viernes por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, las víctimas son señaladas por autoridades estadounidenses como presuntos “narcoterroristas”. El anuncio se realizó a través de la red social X, acompañado de evidencias audiovisuales del operativo.
De acuerdo con el secretario de Guerra, el ataque se efectuó frente a la costa venezolana mientras el buque implicado transportaba una cantidad considerable de narcóticos con destino a territorio estadounidense. Hegseth señaló que ningún elemento de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación y advirtió que este tipo de acciones militares seguirán ejecutándose hasta frenar lo que califican como amenazas contra la población de Estados Unidos.
El hecho se suma a una serie de intervenciones navales efectuadas por fuerzas estadounidenses desde el mes de septiembre, enmarcadas en su estrategia contra el tráfico internacional de drogas. Fuentes oficiales precisan que se han realizado al menos cuatro ataques previos en el Caribe: tres en las inmediaciones de Venezuela y uno más cerca de República Dominicana. Washington justifica el despliegue militar en la región con el objetivo explícito de combatir el narcotráfico hacia el país.
La acción militar ha generado reacciones desde el Gobierno venezolano, que califica estas incursiones como una amenaza hacia su soberanía nacional. Autoridades venezolanas han denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU –presidido actualmente por Rusia– la incursión de aviones de combate estadounidenses a aproximadamente 75 kilómetros de sus costas. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó que la representación diplomática presentó un documento sobre lo que consideran una “incursión ilegal” ante los órganos correspondientes en la ONU.
En el contexto de estas acciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó al Congreso que el país se encuentra en “conflicto armado” contra los carteles del narcotráfico. Esta declaración permite a la administración estadounidense desplegar operativos militares en el Caribe bajo una justificación legal. Por su parte, Caracas considera la creciente presencia militar en la región como un acto de hostigamiento y ha reiterado que las acciones estadounidenses contravienen los principios del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.
La imposición de un nuevo arancel del 25% a las camionetas pesadas por parte de la administración del presidente Donald Trump ha desencadenado una intensa disputa entre los principales fabricantes automotrices de Estados Unidos. General Motors (GM) y Ford Motor Company han presionado para evitar que su competidor Stellantis, productor de las camionetas Ram, obtenga una exención especial de la medida, argumentando que esto les daría una ventaja competitiva injusta.
Stellantis, que ensambla parte de sus camionetas de las líneas Ram 2500 y 3500 en Saltillo, México, solicitó en días recientes una exención o algún tipo de flexibilización del nuevo arancel. Según fuentes cercanas a las negociaciones, la empresa ha señalado el posible impacto negativo de la tarifa, que podría costarle hasta 2 mil millones de dólares en ingresos operativos ajustados anuales, de acuerdo con estimaciones de analistas de UBS publicadas el 1 de octubre.
La petición de Stellantis fue recibida con objeciones inmediatas por parte de Ford y GM. Ford advirtió a funcionarios estadounidenses que otorgar una exención permitiría a Stellantis operar con menores costes en comparación con los fabricantes que producen camionetas en Estados Unidos con piezas ya sujetas a arancel. Por su parte, GM indicó que, si cualquier exención es concedida a Stellantis, otros fabricantes también deberán ser considerados para recibir el mismo beneficio.
El contexto de esta disputa se da en medio de una investigación del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre las importaciones de camiones pesados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. El objetivo es determinar si estas importaciones podrían amenazar la seguridad nacional debido a la concentración de proveedores extranjeros y prácticas comerciales consideradas predatorias. La investigación se centra en vehículos de más de 4,500 kilos y sus piezas, afectando directamente al negocio más rentable de los fabricantes de Detroit: las camionetas grandes.
El gobierno aún no ha decidido si concederá exenciones a alguna de las compañías, mientras que fuentes consultadas indican que existe incertidumbre sobre si el presidente Trump flexibilizará los aranceles. En declaraciones recientes, ejecutivos de Ford manifestaron su apoyo al arancel como una medida para fortalecer la manufactura estadounidense. Por otro lado, portavoces de Stellantis, GM y la Casa Blanca han optado por no emitir comentarios mientras continúan las negociaciones y el cabildeo de la industria automotriz.
La compañía IVECO, a través de su filial IDV, prepara junto con una empresa mexicana la instalación de una planta ensambladora en territorio nacional, proyecto que se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada por el General Ricardo Trevilla.
De aprobarse, la iniciativa se alinearía con el denominado Plan México impulsado por la Presidencia, y representaría un paso estratégico hacia la modernización del parque vehicular militar, cuya flota se estima en más de 22,000 unidades que deberán renovarse debido a su antigüedad.
Carlos Jiménez, asesor en temas de seguridad y defensa, destacó que la propuesta “sería un parteaguas para la región, ya que impulsa la visión de soberanía nacional que viene trabajando el Gobierno en conjunto con las Fuerzas Armadas, además de generar derrama económica, empleos directos e indirectos y una mayor independencia del suministro internacional”.
El vehículo IDV es utilizado por algunos de los ejércitos profesionales más relevantes del mundo, entre ellos Reino Unido, Holanda e Italia, cumpliendo con los más altos estándares militares e internacional. Además, el modelo de asociación local de la marca ha probado ser exitoso en Brasil, Rumanía y Estados Unidos, donde ha permitido fabricar diversas versiones adaptadas a las necesidades específicas de cada nación.
De concretarse en México, la ensambladora no solo cubriría los requerimientos de las Fuerzas Armadas y dependencias gubernamentales, sino que también abriría la posibilidad de exportar vehículos a otros países de la región, ampliando con ello el impacto económico del proyecto.
Finamex Casa de Bolsa absorbirá la cartera de fondos de inversión y aproximadamente 30,000 clientes de Vector, incrementando su base a un total de 150,000 clientes y activos por 220,000 millones de pesos. El proceso de traspaso está programado para concluirse a más tardar el 20 de octubre, de acuerdo con lo señalado por el director general de Finamex, Eduardo Carrillo.
La operación comprende la adquisición de los 21 fondos de inversión que pertenecen a Vector, así como la integración del equipo de promoción encargado de la atención directa a los clientes. Carrillo precisó que el acuerdo no involucra la transferencia de operaciones cambiarias, sino exclusivamente cuentas y fondos de inversión. Esta medida se acompaña de la promesa de una transición ágil: “el 20 de octubre es el límite máximo porque se cumple el plazo que otorgó Fincen a las instituciones para adaptarse”, explicó el ejecutivo durante una entrevista con Grupo Fórmula.
El acuerdo se da en un contexto particular tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Vector, Intercam y CIBanco por presuntas prácticas de lavado de dinero. Estas acusaciones, surgidas tres meses atrás, motivaron procesos de venta de activos y carteras en diversas instituciones del sistema financiero mexicano, incluido el paquete absorbido ahora por Finamex.
La negociación entre Finamex y Vector enfrentó retos debido a la situación operativa de la casa de bolsa Vector, que se encontraba bajo intervención y condiciones regulatorias especiales. Según lo narrado por Carrillo, el proceso implicó la entrada y salida de varios posibles compradores, dificultando y limitando el número de aspirantes interesados debido a la complejidad administrativa y legal en torno a Vector.
Con este movimiento, Vector se convierte en la última de las instituciones señaladas que encapsula la venta parcial de su operación. Intercam transfirió previamente sus principales unidades a Kapital Bank, una fintech, mientras que CIBanco colocó su negocio fiduciario en Banco Multiva. Permanecen pendientes la venta de la licencia de casa de bolsa y la unidad bancaria de CI Banco, así como la filial en Nueva York y la división de cambios de Vector. El sector mantiene así un proceso de reconfiguración institucional y de negocios a raíz de las medidas regulatorias.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves 2 de octubre que el senador Alejandro Moreno está en su derecho de defenderse ante autoridades, luego de que el priista anunciara que presentará una denuncia en su contra por declaraciones relacionadas con la expropiación de terrenos en Campeche. La mandataria federal aclaró que, frente a las preguntas sobre la operación realizada en ese estado, su señalamiento público apuntó a que ‘parecía’ que Moreno adquirió las propiedades con recursos ilícitos, especificando que no se trató de una acusación directa sino de un señalamiento fundamentado en los antecedentes y datos conocidos sobre el tema.
El intercambio tuvo origen tras la expropiación de terrenos vinculados a personas cercanas a Alejandro Moreno, específicamente a su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y a su colaborador, el arquitecto Juan José Salazar. En conferencias de prensa, la presidenta Sheinbaum manifestó que, según la información oficial y las consultas realizadas, las autoridades de Campeche procedieron ante la sospecha de adquisición irregular de estos predios.
Sheinbaum puntualizó en su mensaje que su declaración se dio después de ser cuestionada sobre las razones de la expropiación. “Dije ‘parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos’, entonces así es: parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos”, reiteró la mandataria. Asimismo, sostuvo que frente a todo acto de autoridad, las personas tienen el derecho legal de defenderse, enfatizando en su respeto a los procesos institucionales.
En respuesta a estas declaraciones, el senador Alejandro Moreno anunció su intención de emprender acciones legales, tanto a nivel nacional como internacional, argumentando que las acusaciones en su contra carecen de sustento y afectan su honorabilidad. Moreno reiteró por medio de un posicionamiento público que su patrimonio es lícito y transparente, haciendo referencia a resoluciones judiciales que, según él, descartan irregularidades.
Por su parte, la controversia se extendió hacia el ámbito político y legislativo. Voceros y coordinadores parlamentarios del PRI, como Manuel Añorve, calificaron la actuación de la administración estatal y el respaldo de la presidenta como una acción motivada por “venganza política”. Las discusiones han incluido señalamientos cruzados sobre presuntos actos de corrupción y señalamientos de encubrimiento a otros funcionarios, elevando la tensión entre actores vinculados al caso de la expropiación de los citados terrenos en Campeche.
