por Alarma | Oct 2, 2025 | Noticias
El 1 de octubre de 2025, fuerzas del Ejército israelí interceptaron en aguas internacionales a la Flotilla Sumud Global, una caravana marítima compuesta por más de 40 barcos y alrededor de 500 activistas de 48 países, que intentaba llevar medicinas, alimentos y agua a la población de la Franja de Gaza. Entre los detenidos, se encuentran seis ciudadanos mexicanos: Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.
La flotilla pretendía romper el cerco israelí que se mantiene sobre Gaza desde 2007 y proporcionar asistencia humanitaria directa a la región. Diversos videos grabados en vivo documentaron la interceptación y detención de los activistas, subrayando la preocupación de organizaciones internacionales ante el operativo. El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la detención de varios barcos y comunicó que sus pasajeros están siendo trasladados al puerto israelí de Ashdod.
Diversos testimonios difundidos en redes sociales, incluidos los de los propios mexicanos detenidos, relataron que la intercepción ocurrió en aguas internacionales, lo que, según organizaciones y fuentes diplomáticas, podría constituir una violación al derecho internacional. Las detenidas Sol González y Arlín Medrano, a bordo del barco Adara junto a otros activistas de España, Brasil, Inglaterra y Argentina, solicitaron apoyo consular mexicano tras el operativo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente la repatriación inmediata de los seis ciudadanos mexicanos detenidos. En declaraciones durante su conferencia matutina, la mandataria declaró que los connacionales “no cometieron ningún delito”, destacando el carácter humanitario de la misión y reiterando la necesidad de asegurar la llegada de ayuda a la población gazatí, que enfrenta una grave crisis humanitaria.
Como respuesta a los hechos, cientos de personas en México se movilizaron para exigir la repatriación de los activistas y solicitaron al gobierno mexicano considerar el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los detenidos han acompañado el llamado, mientras se espera la resolución de las autoridades israelíes respecto al futuro de los activistas internacionales y la entrega de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
por Alarma | Oct 2, 2025 | Noticias
Jorge Bechara Estefan López, hijo del exfuncionario Jorge Estefan Chidiac, emprendió un procedimiento legal para frenar cualquier acción penal en su contra. El pasado 12 de septiembre se registró la solicitud de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del estado de Puebla, marcando el inicio formal del proceso en respuesta a investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con delitos fiscales.
De acuerdo con los documentos judiciales, la resolución provisional fue otorgada el 19 de septiembre, apenas una semana después de la solicitud original. La autoridad judicial dictaminó la suspensión de cualquier orden de aprehensión expedida el 10 de septiembre, permitiendo a Estefan López garantizar su derecho a la libertad mientras se resuelve el fondo del asunto. Esta suspensión quedó condicionada al pago de una garantía económica de 30 mil pesos, una medida tomada ante la incertidumbre jurídica respecto al delito imputado.
La investigación que conduce la FGR involucra a Grupo Protesta S.A. de C.V., empresa en la que Bechara Estefan figura como socio, señalada como una de las 210 compañías presuntamente vinculadas a una red nacional de huachicol fiscal. El expediente ministerial revela que el domicilio fiscal registrado de la firma se encuentra en un inmueble de la colonia Tres Cruces de la ciudad de Puebla, el cual, según peritajes, operaba como una oficina de fachada sin evidencias de actividad comercial legal.
Las indagatorias federales apuntan a que Grupo Protesta reportó ingresos superiores a 1,787 millones de pesos y tan solo tenía ocho empleados en nómina. El informe identifica a los socios José Pedro Sánchez Campos, Mario Behar Vantolra, Raúl Derio Popoca y Jorge Bechara Estefan López. Además, establece presuntos vínculos entre esta empresa y la firma JWST —propietaria de pipas utilizadas para transportar combustible ilícito—, así como la conexión de ambas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante esta misma etapa, autoridades clausuraron cuatro gasolineras y dos sitios de almacenamiento de combustible en diversos municipios poblanos, como resultado de un operativo conjunto de la FGR, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor. Las pesquisas determinaron que el combustible involucrado era sustraído ilegalmente de instalaciones de Pemex, exportado y reimportado a través del puerto de Altamira, Tamaulipas, donde se declaraban cantidades menores que las realmente ingresadas, práctica orientada a evitar el pago de impuestos federales.
Sobre la posible protección institucional a este esquema, las investigaciones señalan al vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas y a su hermano, Fernando Farías, como presuntos responsables de facilitar la entrada de combustible ilegal sobornando a mandos medios en la Secretaría de Marina. Manuel Roberto Farías se encuentra actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras que Fernando Farías sigue prófugo. La audiencia en la que el juzgado definirá si otorga el amparo de manera definitiva está programada para el 1 de octubre a las 9:50 horas.
por Alarma | Oct 2, 2025 | Negocios
La venta de la cartera y activos de Vector Casa de Bolsa a Finamex ha sido el más reciente movimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer la presencia del capital mexicano en sectores estratégicos de la economía. Esta operación se enmarca en una política que busca armar una base sólida de empresarios nacionales que acompañen la administración federal durante el sexenio.
Fuentes gubernamentales señalaron que la presidenta jugó un papel decisivo en orientar la transacción hacia Finamex, priorizando la permanencia de los activos en manos mexicanas. Alfonso Romo, propietario de Vector y figura relevante en el acercamiento entre López Obrador y el empresariado en años recientes, había negociado previamente con grupos de inversión extranjeros. Entre los potenciales compradores estuvieron firmas estadounidenses, brasileñas y españolas, pero la directriz de la Presidencia fue clara: evitar que la operación se concretara con capital externo.
El caso de Vector es especialmente relevante debido a su portafolio, que involucra inversiones de actores políticos ligados al actual gobierno, según la información disponible. De acuerdo con fuentes del sector financiero, asegurar que el destino de la empresa quedara en manos de una firma como Finamex —con cinco décadas de operación local y solvencia financiera— era visto como un punto sensible. La importancia del control nacional se refuerza en un contexto en el que la economía mexicana experimenta un crecimiento sostenido en los mercados bursátiles y el gobierno busca enviar mensajes de certidumbre al sector privado local.
El proceso regulatorio y la transparencia fueron destacados oficialmente para respaldar la solvencia de la operación. Sin embargo, en el entorno financiero este movimiento es interpretado como parte de una estrategia política más amplia: resguardar portafolios estratégicos frente a la cautela mostrada por el capital extranjero ante la reforma judicial, así como ante la incertidumbre provocada por el ciclo político en Estados Unidos.
La venta de Vector se suma a otras operaciones recientes, como la de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo y la operación diseñada con factores principalmente mexicanos en la recompra de activos de Iberdrola. En conjunto, estas acciones continúan consolidando la narrativa de un gobierno que da protagonismo al empresariado nacional en la toma de decisiones económicas clave, con el objetivo de mantener la estabilidad y el control local de sectores estratégicos.
por Alarma | Oct 1, 2025 | Noticias
Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, enfrenta una situación compleja tras la retención del teléfono móvil perteneciente al diputado federal Mario Alberto López Hernández por elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. El decomiso ocurrió luego de 13 horas de interrogatorio ocurrido en ese país y ha incrementado las preocupaciones en torno a la vinculación de figuras políticas mexicanas con redes de huachicol fiscal y presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
La retención del celular de López Hernández, conocido como ‘La Borrega’, fue considerada un hecho relevante tanto por la cúpula política como por integrantes del gabinete federal. Dicho móvil estaría en poder del Custom and Border Protection (CBP), situación que genera especial inquietud en Mario Delgado debido a la cantidad de información y vínculos directos con otros funcionarios y políticos tanto de Morena como del Partido Verde.
Esta acción se suma a una serie de episodios recientes que han colocado a Mario Delgado bajo los reflectores públicos y políticos. En semanas anteriores, el titular de la SEP fue cuestionado por motivos distintos, incluyendo viajes personales y enfrentamientos con miembros de la prensa, hechos que han acaparado la atención mediática, pero que quedan ensombrecidos tras la reciente polémica en torno a las pesquisas por huachicol fiscal.
Fuentes cercanas a Palacio Nacional han señalado que la principal preocupación de Delgado radica en la posibilidad de que las investigaciones estadounidenses respalden o aporten nuevas pruebas en expedientes abiertos en México. Entre los investigados se encuentran figuras de alto perfil en Tamaulipas, como el gobernador Américo Villarreal y aliados, así como representantes del Partido Verde. Es importante destacar que investigaciones similares han vinculado en el pasado a otros exgobernadores y a personajes vinculados a actividades ilícitas en la frontera norte.
Mientras las investigaciones avanzan, toma fuerza la versión de que Mario Delgado podría dejar el gabinete federal para buscar la gubernatura de Colima en 2027. Sin embargo, el actual escenario judicial y político lo mantiene en alerta, especialmente debido a la información contenida en el celular retenido y su posible conexión con expedientes abiertos tanto en México como en Estados Unidos. La evolución de esta situación será clave en el desarrollo político y legal de las próximas semanas.
por Alarma | Oct 1, 2025 | Noticias
Un juez federal en la Ciudad de México desechó uno de los amparos presentados a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y otras personas relacionadas con el llamado caso de huachicol fiscal. La resolución fue dictada por Carlos Rico Mondragón, Juez Primero de Distrito en materia Penal en la capital del país, quien precisó que la admisión de la demanda resultó improcedente debido a la existencia de una petición idéntica ya en trámite en el estado de Zacatecas. El expediente, originalmente enviado al Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, fue revisado en contexto de otros amparos similares promovidos en distintas entidades.
En su resolución, el juez destacó las declaraciones públicas de Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, abogado de Rafael Caro Quintero, quien negó haber promovido acción legal alguna a nombre de Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán, nombres que aparecían en la solicitud. El juzgador puntualizó en el expediente disponible en la página del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que Rodríguez Smith MacDonald manifestó en medios informativos y redes sociales no haber iniciado el juicio de amparo, e incluso realizó la denuncia respectiva ante la autoridad por presunta comisión de irregularidades.
Asimismo, el propio Andrés Manuel López Beltrán comunicó a través de redes sociales que ni él ni su hermano han presentado la demanda referida. El juez detalló la existencia de un escrito fechado el 17 de septiembre de 2025 en el que López Beltrán desmiente haber solicitado dicho amparo, información utilizada como parte de los fundamentos del desechamiento.
El juez también tomó en cuenta que otro de los quejosos identificados en la demanda presentada ante el Juzgado Noveno de Distrito se desistió del recurso legal. Con estos elementos, el juzgador procedió al cierre del expediente en su jurisdicción. De manera simultánea, se reportó que los ciudadanos César Reyna Carrillo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y Roberto Blanco Cantú, empresario conocido como “el señor de los buques”, manifestaron formalmente su desistimiento ante los juzgados correspondientes en Ciudad de México y Zacatecas.
No obstante, el amparo interpuesto ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, identificado bajo el expediente 1728/2025, continúa en trámite, dado que de acuerdo con el registro hasta la fecha, los hijos del exmandatario federal no han presentado documento de desistimiento alguno; mantienen su postura de que se trata de un montaje atribuido a actores políticos de oposición. La causa penal en Zacatecas persiste, mientras en la Ciudad de México se declaró procedente el desechamiento de la demanda por duplicidad y falta de interés jurídico de los señalados.
