Desmienten amparo de Andrés Manuel López Beltrán para evitar detención

Desmienten amparo de Andrés Manuel López Beltrán para evitar detención

En medio de las tensiones internas de Morena por el proceso electoral venidero, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue ubicado en el centro de una controversia judicial este miércoles 17 de septiembre de 2025. Fuentes cercanas al dirigente partidista negaron que López Beltrán haya iniciado una solicitud de amparo para evitar ser detenido en relación con investigaciones sobre presunto huachicol fiscal.

Durante la jornada, diversos medios de comunicación informaron que Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo López Beltrán habrían presentado un ‘amparo buscador’ ante el Poder Judicial de la Ciudad de México. El objetivo de dicho recurso judicial sería impedir una detención preventiva en el marco de pesquisas relacionadas con delitos fiscales. Si bien la presentación de amparos para evitar detenciones es una herramienta jurídica habitual, la presunta implicación de los hijos del expresidente llamó la atención por el contexto político y el tamaño de la causa en cuestión.

Sin embargo, la información fue desmentida por allegados a López Beltrán, quienes aseguraron que ninguno de los hermanos promovió dicha solicitud y que, además, la supuesta gestión judicial carece de la firma de Andrés Manuel López Beltrán. Las fuentes atribuyeron la difusión de la versión a posibles maniobras de terceros interesados y calificaron el episodio como parte de una estrategia política, aunque no ofrecieron mayores detalles sobre quién podría estar detrás de la presunta presentación.

Hasta el cierre de esta edición, ni el propio secretario de Organización de Morena ni Gonzalo López Beltrán habían emitido declaraciones públicas al respecto. Entre tanto, voces en el entorno de Morena sugirieron la existencia de una campaña de desinformación dirigida en contra de uno de los principales referentes del partido y familiar directo del expresidente López Obrador. La dirigencia nacional de Morena evaluaba durante la noche la posibilidad de emitir un comunicado oficial sobre el tema.

El posible pronunciamiento de Morena busca definir una postura ante la difusión del presunto amparo y fijar la línea discursiva dentro del movimiento político. La atención de los cuadros partidarios y de la opinión pública se centra ahora en la espera de una reacción institucional que aclare de manera definitiva la situación jurídica de Andrés Manuel López Beltrán. El caso ocurre en una coyuntura en la que las diferencias internas del partido y las especulaciones sobre las candidaturas hacia las próximas elecciones siguen marcando la agenda política de Morena.

Perfil del abogado que representó a los hijos de AMLO y a Caro Quintero

Perfil del abogado que representó a los hijos de AMLO y a Caro Quintero

Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald, abogado de reconocida trayectoria, ha sido identificado como representante legal tanto de los hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como de figuras de alto perfil en el ámbito judicial mexicano, como Rafael Caro Quintero. Esta vinculación surge tras publicaciones periodísticas que apuntan a su intervención en procesos judiciales ligados al llamado caso de ‘huachicol fiscal’ y a la defensa de Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

Según reportes, Rodríguez Smith Macdonald promovió un juicio de amparo para Caro Quintero en julio de 2022, poco después de la detención del narcotraficante en Sinaloa. El amparo fue formalmente recibido y tramitado por un juzgado federal, que estableció una audiencia para el 25 de agosto de ese mismo año. Sin embargo, el curso de la representación legal cambió posteriormente, pues la defensa incorporó a otros abogados y, en etapas posteriores, Caro Quintero fue defendido por un defensor público federal, conforme a procedimientos legales vigentes.

Los registros señalan que la participación de Rodríguez Smith Macdonald como abogado particular de Caro Quintero se centró principalmente en la etapa inicial tras la captura del capo. Este lapso cubre desde la presentación del amparo hasta la reconfiguración interna del equipo defensor, lo que llevó al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) a intervenir vía la designación de un defensor público temporal, según lo documentado en medios de comunicación especializados.

La atención mediática sobre Rodríguez Smith Macdonald se intensificó luego de que se le asociara también con la defensa de los hijos de López Obrador. Informes de periodistas como Claudio Ochoa Huerta y Jorge García Orozco detallan que el abogado fue parte clave en la promoción del recurso legal que otorgó una suspensión judicial a los familiares del exmandatario, con el objetivo de evitar su detención inmediata mientras se resuelve el fondo de las acusaciones dentro del caso conocido como huachicol fiscal.

Hasta la fecha, la información disponible indica que Rodríguez Smith Macdonald limitó su representación a episodios concretos, principalmente durante el año 2022. No existen registros públicos que confirmen la continuidad de su labor como abogado de Caro Quintero más allá de ese año. Sin embargo, su nombre permanece asociado a casos de alto impacto legal y mediático en México, reflejando la naturaleza y alcance de su actuación profesional en los tribunales federales.

Contrato entre petrolera estatal paraguaya y empresa catarí expone vínculos entre la cúpula de Conmebol con millones offshore

Contrato entre petrolera estatal paraguaya y empresa catarí expone vínculos entre la cúpula de Conmebol con millones offshore

Contrato entre petrolera estatal paraguaya y empresa catarí expone vínculos entre la cúpula de Conmebol con millones offshore

Una trama que mezcla negocios estatales, poder deportivo y circuitos financieros offshore revela cómo el contrato de la empresa estatal paraguaya Petropar con la empresa Doha Holding expone vínculos entre la familia Domínguez, la cúpula de la Conmebol y el abogado Julio Ernesto Jiménez Granda.

Lo que comenzó como una cuestionada adjudicación de combustible en Paraguay, terminó destapando una red de conexiones entre dirigentes del fútbol sudamericano y estructuras financieras en paraísos fiscales. Documentos oficiales y filtraciones bancarias muestran que el caso Petropar–Doha Holding, el cual es investigado por las autoridades paraguayas, no es un hecho aislado, sino parte de una telaraña donde confluyen intereses familiares, negocios opacos y millones de dólares que circulan fuera de los organismos de control.

El contrato de Petropar: una adjudicación que destapa vínculos con la cúpula de Conmebol

En septiembre de 2024, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) adjudicó, sin licitación y bajo un régimen de excepción, un contrato por 100 000 toneladas de diésel a la desconocida Doha Holding Group LLC, por un valor de USD 61 millones. La operación se justificó en un contexto de “urgencia”, aunque la compañía no tenía antecedentes comprobables en el sector de hidrocarburos ni capacidad operativa demostrada.

A pesar de que Doha Holding incumplió las entregas previstas para octubre y noviembre de 2024, Petropar resolvió otorgar, hasta la fecha, seis prórrogas consecutivas sin aplicar sanciones ni ejecutar garantías. La única garantía aceptada fue una carta jurada firmada por un supuesto jeque catarí, carente de respaldo financiero y sin póliza bancaria válida, lo que representó una grave violación a las normas de contratación pública.

Un entramado aún más inquietante surge al analizar el contenido de esa garantía: fue firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, miembro de la familia real catarí, lo que resalta la presencia directa de la realeza en los documentos formales que avalaron la extensión del contrato, a pesar de las deficiencias operativas y legales evidentes.

El vínculo clave aparece al revisar el domicilio legal de la firma en Paraguay: el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, perteneciente al abogado Julio Ernesto Jiménez Granda, cuyo despacho actuó como sede local de la compañía catarí. Jiménez Granda es además hermano de Monserrat Jiménez, actual directora jurídica de la Conmebol y pieza central en el círculo de confianza de Alejandro Domínguez, presidente de dicho organismo y vicepresidente de la FIFA.

Documentos oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirman que uno de los partícipes de Doha Holding es Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, quien figuró como representante de la empresa ante el Estado paraguayo. De este modo, el contrato de Petropar expone una red de vínculos familiares y políticos que conecta a la estatal energética con la cúpula del fútbol sudamericano.

Filtración de cuentas millonarias por parte del abogado de Doha Holding

Este medio accedió, a través de fuentes confidenciales, a registros bancarios que muestran a Jiménez Granda como firmante autorizado en cuentas abiertas en Shanghái y Catar, con fondos que superan varios millones de dólares.

  • Shanghai Commerce Savings Bank: abierta en noviembre de 2023 bajo la razón social Trusted Mortgage Advice Limited – NZBN 9429042269922 y número de cuenta 47815623. Declaró más de USD 1,1 millones en bonos y un portafolio de inversión cercano a USD 1,9 millones. En 2025 recibió cuatro transferencias sucesivas por montos entre USD 200 000 y USD 770 000, provenientes de Trader Capital Saabar Ltd.
  • Qatar National Bank: abierta en febrero de 2023, con el número de cuenta 7819265A con bonos por USD 2,79 millones y una tarjeta de débito internacional asociada. En lo que va de 2025 reportó movimientos por USD 1 000 000 desde Capital Financial Services Limited y USD 500 000 desde Trading Chatter Limited.

La coincidencia de que el mismo abogado que ofició como representante legal de Doha Holding ante Petropar sea también el beneficiario de estas estructuras offshore, y con cuentas en el mundo árabe despierta suspicacia ante la posible existencia de un entramado financiero paralelo, diseñado para canalizar fondos desde sociedades de papel hacia cuentas en Asia y Medio Oriente.

Una investigación previa: Alejandro Domínguez y las cuentas offshore bajo sospecha

Desde hace algunos meses, una creciente ola de denuncias sacude al presidente de CONMEBOL y vicepresidente de FIFA, Alejandro Domínguez. Una serie de presentaciones anónimas ante el Comité de Ética de la FIFA lo señalan como único autorizado de una cuenta bancaria en Dubái a nombre de Capital Heritage Limited, una empresa neozelandesa radicada en esa ciudad. Según los documentos, esa cuenta habría recibido más de 23 millones de dólares provenientes de empresas con sede en Qatar y Emiratos, sin existir contratos, contraprestaciones visibles ni movimientos de egreso que justifiquen los fondos.

Estas denuncias revelan esquemas típicos de evasión fiscal y posible lavado de activos, aludiendo a estructuras offshore en Emiratos Árabes y Singapur, operaciones trianguladas y fondos que carecen de respaldo documental. Ante estas irregularidades, los denunciantes han solicitado no solo el inicio de una investigación formal, sino también una suspensión preventiva del dirigente paraguayo mientras se aclaran las circunstancias.

Un dato aún más delicado surge al revisar en detalle los movimientos de Capital Heritage Limited, la sociedad registrada en Nueva Zelanda que sirvió como vehículo financiero en Dubái. Entre los extractos de 2025 aparece documentada una transferencia por USD 2,7 millones ejecutada desde la cuenta en Standard Chartered Bank de Dubái, vinculada directamente a Domínguez, hacia una cuenta en el Dukhan Bank de Doha. El beneficiario fue identificado como Ahmed Al-Thani, integrante de la familia real catarí, y el giro quedó asentado bajo el concepto de “servicios de inversión”. No obstante, hasta ahora no se conoce evidencia de un contrato o relación comercial legítima que respalde el pago.

La aparición del apellido Al-Thani en esta operación bancaria no resulta un hecho aislado dentro del entramado. En paralelo, en el contrato entre Doha Holding y Petropar, la extensión de vigencia y las prórrogas otorgadas pese a incumplimientos se apoyaron también en un documento de un miembro de la familia real de Catar, el jeque Khalifa Hamad Al-Thani. Esa firma fue la que permitió sostener un acuerdo plagado de irregularidades, sin que se ejecutaran sanciones ni se exigieran garantías bancarias válidas.

De este modo, se consolida un doble vínculo con la realeza catarí que pone en evidencia el alcance político y financiero de las operaciones investigadas. Por un lado, un pago directo y millonario desde la cuenta de Domínguez en Dubái hacia Ahmed Al-Thani, y por el otro, la intervención de Khalifa Hamad Al-Thani como garante de un contrato público paraguayo. Ambos episodios, aunque distintos en su naturaleza, confluyen en un mismo patrón: la utilización de estructuras offshore y conexiones con la familia gobernante de Catar para dar cobertura y legitimidad a flujos de dinero cuyo origen y finalidad no se encuentran claramente justificados.

La coincidencia de apellidos, montos y contextos es demasiado significativa como para ser considerada una casualidad. La familia Domínguez, a través de sociedades instrumentales como Capital Heritage Limited y Spark Bay, aparece entrelazada con los Jiménez Granda en Paraguay y, a la vez, con figuras de la élite política de Medio Oriente. En esta red convergen contratos públicos cuestionados, transferencias internacionales millonarias y avales emitidos por miembros de una monarquía que concentra poder político y económico global.

Estas revelaciones no solo refuerzan la sospecha de que la Conmebol se ha convertido en una plataforma para la articulación de intereses mucho más amplios que los estrictamente deportivos, sino que además exponen un entramado en el que la familia real catarí ocupa un lugar central. La magnitud de los flujos financieros, la ausencia respuestas oficiales y la repetida aparición de actores con influencia estratégica internacional configuran un cuadro que trasciende lo meramente administrativo y se adentra en el terreno de las relaciones geopolíticas y financieras de alto nivel.

Tramitan amparo contra cualquier orden de aprehensión que hubiera contra Andy y Gonzalo López Beltrán y otras 14 personas

Tramitan amparo contra cualquier orden de aprehensión que hubiera contra Andy y Gonzalo López Beltrán y otras 14 personas

El pasado 16 de septiembre, Gonzalo y Andrés Manuel (Andy) López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto con otras 14 personas, lograron obtener un amparo que los protege contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Esta determinación fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Zacatecas, tras la solicitud realizada por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien promovió la medida cautelar por vía electrónica.

De acuerdo con los expedientes consultados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la petición fue consignada en el expediente 2098/2025, en el que se señala que la solicitud de amparo fue realizada contra actos atribuidos al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y otras autoridades. El documento refiere también que la medida está destinada a evitar actos de incomunicación, no localización, privación de la vida, posible desaparición forzada y cualquier orden de aprehensión en contra de los promoventes.

El amparo fue solicitado específicamente en favor de 16 personas, entre quienes se encuentran Gonzalo y Andy López Beltrán. El expediente informa que, pese a que el escrito de demanda no fue firmado electrónicamente ni de manera autógrafa por el promovente, ello no impidió que se dictara la suspensión de oficio y de plano al tratarse de la naturaleza de los actos reclamados y la forma en que fue entregado el escrito.

Como parte del trámite judicial, el Juez Segundo de Distrito en Zacatecas resolvió conceder la medida cautelar y estableció una fianza de 10 mil pesos para la efectividad de la suspensión otorgada. El proceso continuará con la realización de una audiencia constitucional, la cual fue programada para el próximo 28 de octubre de 2025 a las 12:10 horas.

Este amparo se encuentra en etapa inicial y será objeto de revisión durante la audiencia mencionada, donde se determinará la procedencia o no de la protección de la justicia federal a favor de los solicitantes. Por el momento, la suspensión de plano garantiza que no se ejecute ninguna orden de aprehensión o acto similar contra Gonzalo y Andy López Beltrán, así como a las otras personas beneficiadas, en tanto se resuelve de fondo la demanda de amparo.

Braskem e Idesa revisan su alianza en México por presiones en el sector petroquímico

Braskem e Idesa revisan su alianza en México por presiones en el sector petroquímico

Braskem e Idesa, socios estratégicos en la industria petroquímica mexicana, han iniciado un proceso de revisión de su alianza ante desafíos sostenidos en el entorno operativo del complejo Etileno XXI. La sociedad, que representa la principal instalación productora de polietileno en México, enfrenta un panorama marcado por restricciones en el suministro de materias primas y condiciones de mercado adversas.

En un reciente comunicado remitido a la bolsa de valores de Brasil, Braskem informó que se están explorando diversas alternativas para enfrentar las problemáticas actuales de su filial en México. Entre las prioridades se encuentra encontrar soluciones a la volatilidad del suministro de etano, un insumo crítico para la producción petroquímica, así como atender la disminución en los márgenes de rentabilidad. Durante el segundo trimestre de 2025, Braskem Idesa reportó un flujo operativo negativo de 11 millones de dólares, junto con una utilidad neta de 166 millones de dólares y una reducción de 100 dólares por tonelada en los diferenciales industriales del sector.

El suministro de etano ha sido uno de los temas centrales en la operación de Etileno XXI. Entre abril y junio, la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó un promedio de 15 mil barriles diarios menos de lo pactado contractualmente. Con el objetivo de contrarrestar este déficit, en mayo de este año se inauguró la Terminal Química Puerto México, una instalación con capacidad para abastecer la totalidad del requerimiento de etano del complejo. El desarrollo de esta infraestructura se realizó en alianza con Advario y requirió una inversión de 586 millones de dólares.

La colaboración entre Braskem e Idesa se originó en 2010 tras ganar una subasta de Pemex Gas para la adquisición de etano a 20 años plazo. El complejo Etileno XXI inició operaciones en 2016 y contó con financiamiento de 17 instituciones financieras internacionales, entre las que destaca la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. En años recientes, la validez del contrato fue cuestionada por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, lo que llevó a una suspensión temporal del suministro, situación que presionó aún más la continuidad operativa del proyecto.

De manera adicional, Braskem ha implementado acciones para distinguir sus operaciones mexicanas de controversias relacionadas con Odebrecht, empresa matriz asociada a investigaciones de corrupción en América Latina. La compañía subraya que sus actividades en México se llevan a cabo de forma independiente, bajo un esquema de gobierno corporativo, con un consejo de administración propio y toma de decisiones autónomas. La revisión de la alianza con Idesa y los ajustes en la estructura financiera forman parte de una estrategia para enfrentar las condiciones actuales del sector y asegurar la viabilidad a largo plazo del consorcio petroquímico.