La venta de la cartera y activos de Vector Casa de Bolsa a Finamex ha sido el más reciente movimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer la presencia del capital mexicano en sectores estratégicos de la economía. Esta operación se enmarca en una política que busca armar una base sólida de empresarios nacionales que acompañen la administración federal durante el sexenio.
Fuentes gubernamentales señalaron que la presidenta jugó un papel decisivo en orientar la transacción hacia Finamex, priorizando la permanencia de los activos en manos mexicanas. Alfonso Romo, propietario de Vector y figura relevante en el acercamiento entre López Obrador y el empresariado en años recientes, había negociado previamente con grupos de inversión extranjeros. Entre los potenciales compradores estuvieron firmas estadounidenses, brasileñas y españolas, pero la directriz de la Presidencia fue clara: evitar que la operación se concretara con capital externo.
El caso de Vector es especialmente relevante debido a su portafolio, que involucra inversiones de actores políticos ligados al actual gobierno, según la información disponible. De acuerdo con fuentes del sector financiero, asegurar que el destino de la empresa quedara en manos de una firma como Finamex —con cinco décadas de operación local y solvencia financiera— era visto como un punto sensible. La importancia del control nacional se refuerza en un contexto en el que la economía mexicana experimenta un crecimiento sostenido en los mercados bursátiles y el gobierno busca enviar mensajes de certidumbre al sector privado local.
El proceso regulatorio y la transparencia fueron destacados oficialmente para respaldar la solvencia de la operación. Sin embargo, en el entorno financiero este movimiento es interpretado como parte de una estrategia política más amplia: resguardar portafolios estratégicos frente a la cautela mostrada por el capital extranjero ante la reforma judicial, así como ante la incertidumbre provocada por el ciclo político en Estados Unidos.
La venta de Vector se suma a otras operaciones recientes, como la de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo y la operación diseñada con factores principalmente mexicanos en la recompra de activos de Iberdrola. En conjunto, estas acciones continúan consolidando la narrativa de un gobierno que da protagonismo al empresariado nacional en la toma de decisiones económicas clave, con el objetivo de mantener la estabilidad y el control local de sectores estratégicos.