El sector privado mexicano ha manifestado su creciente preocupación tras la aprobación de la nueva Ley Aduanera promovida por Morena en la Cámara de Diputados, advirtiendo que las modificaciones podrían tener efectos adversos en la competitividad, la inversión extranjera y el comercio exterior del país.
El dictamen aprobado otorga mayores facultades de fiscalización y embargo preventivo a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), endureciendo los controles sobre las operaciones de importación y exportación. Aunque el objetivo declarado es fortalecer la seguridad nacional y combatir el contrabando, representantes empresariales aseguran que la norma abre espacio para la discrecionalidad y eleva el riesgo de arbitrariedad en las inspecciones.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la falta de claridad en algunos artículos puede traducirse en incertidumbre jurídica y aumento de los costos logísticos, especialmente para pequeñas y medianas empresas. En tanto, la Concamin advirtió que los nuevos procedimientos podrían incrementar los tiempos de despacho aduanero hasta en un 20 %, afectando la competitividad de las exportaciones mexicanas.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el comercio exterior representa cerca del 80 % del PIB de México, por lo que cualquier obstáculo normativo puede impactar directamente en el crecimiento económico. En 2024, México se consolidó como principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China, gracias al fenómeno del nearshoring; sin embargo, los expertos consideran que este avance podría verse amenazado si no se garantiza certidumbre en la regulación aduanera.
La Cámara Internacional de Comercio (ICC México) expresó su preocupación por la posible incompatibilidad de la reforma con los principios del T-MEC, que promueven la transparencia y la facilitación del comercio. “Un sistema aduanero moderno debe simplificar procesos, no complicarlos. Si el objetivo es atraer inversión, necesitamos reglas claras y consistentes con los tratados internacionales”, afirmó Claudia Jañez Sánchez, integrante del consejo de la ICC.
Desde la bancada de Morena, los legisladores defendieron la reforma asegurando que la intención es combatir la evasión fiscal y el tráfico ilícito, no obstaculizar el comercio legítimo. El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que la medida “blinda las aduanas mexicanas frente a la corrupción y refuerza la seguridad nacional”.
A pesar de las justificaciones oficiales, organismos empresariales insisten en que la ley debe ser revisada técnicamente por el Senado antes de su promulgación, con el fin de corregir disposiciones ambiguas y garantizar equilibrio entre control y productividad. De aprobarse sin cambios, entraría en vigor durante el primer trimestre de 2026.
Analistas advierten que la reforma podría ralentizar las operaciones logísticas, aumentar litigios fiscales y reducir el atractivo de México como destino de inversión extranjera, particularmente en sectores estratégicos como la automotriz, la manufactura y la electrónica.
En un contexto donde el país busca capitalizar el auge del nearshoring, el sector privado considera urgente una legislación aduanera moderna, transparente y equilibrada, que impulse la competitividad y mantenga la confianza internacional en la economía mexicana.