La lucha contra la evasión fiscal y el contrabando técnico, conocido como ‘huachicol fiscal’, fue el eje central de la mesa de trabajo realizada por legisladores federales este lunes. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, enfatizó la necesidad de actualizar el Código Fiscal de la Federación y la legislación aduanera para responder ante estas prácticas que, según estimaciones, generan pérdidas superiores al billón de pesos anuales para el erario público.
Durante la sesión, Ramírez Cuéllar explicó que la facturación falsa no sólo implica la evasión directa de impuestos, también provoca devoluciones indebidas por operaciones inexistentes. Esta dinámica, agregó, involucra a actores de distintos sectores y representa graves afectaciones para la formalidad económica y la recaudación.
El fenómeno del huachicol fiscal fue identificado como uno de los retos crecientes para el sistema aduanero mexicano. Este mecanismo, que históricamente estaba asociado al contrabando de combustibles, hoy se extiende a ramas como el sector automotriz, textil, calzado, acero y electrónicos. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), las pérdidas en estos sectores superan los 300 mil millones de pesos anuales.
Ante este escenario, Ramírez Cuéllar adelantó un paquete de propuestas legislativas diseñadas para cerrar espacios a la evasión. Entre ellas destacan la revisión del artículo 69 del Código Fiscal y de las normas sobre obra pública y contrataciones, la reforma de la Ley de Adquisiciones, la inclusión de un informe trimestral específico sobre evasión y huachicol fiscal dentro de la Secretaría de Hacienda, y el fortalecimiento de los controles aduaneros mediante nuevos mecanismos de transparencia.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, manifestó que la justicia fiscal debe ser un pilar para procurar los recursos del Estado, y anunció la propuesta de crear un grupo de trabajo especializado en la Comisión para abordar integralmente el problema. Asimismo, la diputada Ana Elizabeth Ayala insistió en la importancia de sumar esfuerzos preventivos y sancionadores entre el sector legislativo, la academia, el sector empresarial y la sociedad civil para cerrar el círculo de la evasión.
Especialistas participantes coincidieron en que, pese a los avances legales, la sofisticación y alcance de la facturación falsa y el contrabando técnico obligan a un replanteamiento integral del marco jurídico y de los mecanismos de control, pues estiman que más de 13 mil empresas participan actualmente en operaciones simuladas, dificultando la labor de fiscalización de la autoridad.