Este lunes en México más de 800 cargos en el Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral, así como jueces distritales y estatales, asumen funciones luego de ser electos en unos comicios considerados inéditos, realizados el 1 de junio de 2025. Con la toma de protesta de los nuevos representantes, el país marca un hito en la historia judicial al instaurar la elección popular de jueces y magistrados federales y estatales, modificando por completo el mecanismo tradicional de designación.
La renovación judicial fue consecuencia de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. El proceso electoral abarcó los principales órganos del Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales estatales, alcanzando a numerosos cargos simultáneamente y de manera directa por la ciudadanía mexicana.
Uno de los nombramientos más destacados es el del indígena mixteco Hugo Aguilar, quien asume como presidente de la Suprema Corte. Aguilar fue el candidato más votado de estos comicios y encabeza un máximo tribunal integrado por nueve personas, de las cuales seis han sido identificadas como cercanas al oficialismo. El propio Aguilar publicó en sus redes sociales que el tribunal enfrenta ‘un gran reto: recuperar la confianza de la ciudadanía’ y señaló la importancia de acercar la justicia a todos los sectores.
No obstante, el proceso electoral fue objeto de críticas y cuestionamientos. Diversas organizaciones de la sociedad civil y observadores destacaron la baja participación ciudadana, que alcanzó apenas un 13% del electorado. Además, se han reportado irregularidades y señalamientos de manipulación en favor de candidatos afines al gobierno federal y a gobiernos estatales, así como la distribución masiva de material para orientar el voto.
Igualmente, se identificaron casos de candidatos que enfrentaban antecedentes penales o acusaciones de vínculos con el crimen organizado. La organización Defensorxs, que dio seguimiento al proceso, reportó que al menos 25 aspirantes poseían antecedentes judiciales o acusaciones graves, de los cuales seis resultaron electos. Entre ellos se encuentra Silvia Delgado, quien fuera abogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y asumió como jueza en Chihuahua. Parte de los nuevos funcionarios han iniciado procesos legales contra medios y activistas por la publicación de estos antecedentes.
Las controversias en torno al proceso electoral y a los perfiles de algunos de los nuevos jueces se enmarcan en el inicio de esta etapa, considerada un parteaguas en la vida institucional del país. El Poder Judicial vivirá una segunda etapa de elección en 2027, en la que se renovarán otros cargos a nivel federal y local. El gobierno y los organismos ciudadanos siguen atentos al desempeño y la autonomía de los nuevos integrantes del sistema judicial.