Gerardo Fernández Noroña criticó con firmeza a la diputada local Grecia Quiroz luego de que exigiera investigar a los morenistas Alfonso Martínez Alcázar, Raúl Morón y al fiscal Adrián López Solís por el asesinato del activista Carlos Manzo. El legislador calificó la postura como irresponsable y la vinculó a intereses electorales rumbo a la contienda por la gubernatura de Michoacán en 2027.
Durante una transmisión en redes sociales, Noroña afirmó que las declaraciones de Quiroz no aportan a la búsqueda de justicia y, por el contrario, generan un clima de confrontación y especulación política en un momento de alta tensión para el estado. Aseguró que la legisladora intenta capitalizar mediáticamente la tragedia para posicionarse como aspirante, lo que consideró una falta de respeto para la familia del activista y para la ciudadanía que demanda resultados claros en materia de seguridad.
El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 5 de noviembre en Uruapan, ha desatado reacciones y exigencias de esclarecimiento. Manzo, reconocido por su defensa de comunidades indígenas y por su activismo ambiental, fue atacado a balazos afuera de una reunión comunitaria, lo que provocó indignación social y señalamientos sobre presuntos vínculos políticos detrás del crimen.
Después del hecho, diversas voces solicitaron celeridad en las investigaciones y garantías de transparencia. Entre ellas se encontró Quiroz, quien pidió incluir en las indagatorias a figuras del ámbito estatal bajo el argumento de que existen posibles conexiones políticas. Sin embargo, Noroña insistió en que no existen elementos jurídicos para acusar a los señalados y que adelantar conclusiones sólo alimenta la polarización pública.
El legislador subrayó que el caso debe resolverse en estricto apego a la ley y mediante trabajo ministerial sustentado, no mediante presión mediática. Señaló que la prioridad debe ser identificar y detener a los responsables materiales e intelectuales del homicidio, así como garantizar condiciones de seguridad para activistas y defensores de derechos humanos en la región.
Hasta ahora, las autoridades han informado que la Fiscalía de Michoacán mantiene varias líneas de investigación abiertas y que se han realizado detenciones vinculadas al ataque, aunque sin confirmar identidades ni posibles motivaciones políticas. También se anunció la colaboración con instancias federales para fortalecer trabajos de inteligencia.
La situación ha intensificado el debate sobre seguridad y gobernanza en Michoacán, uno de los estados con mayores índices de violencia y presencia del crimen organizado. Analistas advierten que el tema podría convertirse en eje central de la disputa electoral que se aproxima, en la que los distintos grupos buscan posicionamiento público a partir de eventos de alto impacto social.
Mientras tanto, familiares y colectivos exigen justicia, transparencia y protección para líderes comunitarios, quienes denuncian que trabajan en condiciones de riesgo permanente y sin garantías mínimas del Estado para ejercer su labor.