Durante su reciente visita a la Ciudad de México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, solicitó al Gobierno mexicano agilizar acciones específicas contra políticos identificados por sus posibles vínculos con el narcotráfico. La propuesta central de Rubio fue la implementación de medidas más severas que incluyan sanciones económicas y la restricción de visados, en un contexto marcado por la cooperación bilateral en materia de seguridad y la presión internacional sobre el papel de las autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado.
El Gobierno mexicano considera la visita de Rubio como un examen clave superado. Durante el encuentro, el funcionario estadounidense aceptó que el nuevo acuerdo fronterizo firmado por ambos países enfatizara la importancia de la soberanía mexicana, una cuestión relevante para la administración de Claudia Sheinbaum ante las posturas intervencionistas presentes en parte del gobierno estadounidense.
Rubio destacó públicamente el nivel de colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico, señalando que «ningún gobierno coopera más que México». Esta declaración fue valorada positivamente por funcionarios mexicanos, especialmente porque se produce en una etapa de transición en la política de seguridad interna respecto al sexenio anterior. No obstante, en conversaciones privadas, Rubio remarcó la urgencia de que el Gobierno mexicano se enfoque directamente en los actores políticos presuntamente asociados con organizaciones criminales.
Como parte de las medidas sugeridas, Rubio propuso la creación de un sistema que involucre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para la imposición de sanciones económicas contra políticos y allegados sospechosos de nexos con el narcotráfico. Este mecanismo funcionaría como un segundo nivel de penalización, tras la revocación de visados, e incluiría posibles acciones contra sociedades y personas relacionadas financieramente con los individuos señalados.
El secretario de Estado también acordó incrementar la frecuencia de vuelos de aviones no tripulados estadounidenses en territorio mexicano, en coordinación con autoridades locales. Esta cooperación se da en el marco de un mensaje enfático dirigido tanto al crimen organizado como a eventuales apoyos electorales ilegales. Por otra parte, Rubio manifestó que la cooperación militar estadounidense en México se mantendrá exclusivamente con la Marina, dejando fuera al Ejército y a la Guardia Nacional en los esquemas de colaboración.