La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que el Paquete Presupuestal para 2026 incluirá la eliminación del beneficio fiscal que permite al sector bancario deducir de sus impuestos las aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Durante su conferencia, Sheinbaum declaró que dicha medida implicará que a partir del próximo año las instituciones financieras ya no podrán restar de sus obligaciones fiscales los montos que pagan al IPAB, beneficio que actualmente asciende a cerca de 10 mil millones de pesos anuales para el sector.
La iniciativa busca terminar con una política instaurada tras la crisis financiera de 1995, cuando se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). A través de este mecanismo, los bancos trasladaron al Estado deudas privadas que se convirtieron en deuda pública, misma que ha sido refinanciada y gestionada a través del IPAB. Desde entonces, los bancos pagan cuotas mensuales mediante la tenencia de bonos diseñados para financiar el pago de esa deuda histórica.
Sheinbaum señaló que este cambio estará planteado en la Ley de Ingresos y será detallado el próximo lunes por la Secretaría de Hacienda y el responsable del paquete económico, Edgar Amador. Previo a la presentación formal, la presidenta anticipó que al día siguiente Hacienda ofrecerá una conferencia para explicar a detalle el presupuesto del próximo año y esclarecer los alcances de la medida en cuanto al sector financiero.
El tema del Fobaproa recobró protagonismo luego de los recientes señalamientos públicos hacia el origen y administración de esta deuda, así como en el contexto de la Convención Bancaria de mayo pasado. La presidenta reiteró que, tras dialogar con algunos representantes del sector, considera que la eliminación de la deducción es una medida adecuada. Sin embargo, reconoció que no fue una decisión tomada en consenso con todos los bancos, aunque espera su cooperación.
La decisión de ajustar este beneficio fiscal se enmarca en la estrategia del gobierno para incrementar la recaudación sin realizar una reforma fiscal mayor ni aumentar los impuestos. Según analistas, este paso forma parte de los esfuerzos de la actual administración por fortalecer los ingresos públicos en un entorno económico de desaceleración, manteniendo el énfasis en el combate a la evasión fiscal y la revisión de antiguos mecanismos de financiamiento relacionados con el sector bancario.