La relación entre Venezuela y Estados Unidos atraviesa un periodo de alta tensión, generado por el despliegue militar estadounidense cerca de costas venezolanas y las acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro respecto a su presunta vinculación con el ‘Cártel de los Soles’. Según el gobierno estadounidense, este grupo criminal estaría integrado y liderado por altos funcionarios y militares venezolanos, incluyendo al propio presidente Maduro, con actividades relacionadas al narcotráfico internacional, lo que ha motivado acciones como el despliegue de buques militares en el mar Caribe.
En contraste, las autoridades venezolanas niegan la existencia de dicho cártel, calificándolo como un ‘invento de Estados Unidos’. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, han acusado a la Agencia de Control de Drogas estadounidense (DEA) de constituir el ‘mayor cártel de drogas del mundo’, y señalaron que los señalamientos de Washington buscan justificar acciones hostiles para apropiarse de los recursos energéticos venezolanos.
El 1 de septiembre, Nicolás Maduro advirtió en conferencia de prensa que Venezuela ‘se levantaría en armas’ si enfrenta una agresión estadounidense, asegurando que existe una estrategia defensiva preparada desde hace dos décadas. El mandatario detalló que el país cuenta con mecanismos tanto diplomáticos como militares para responder ante cualquier ataque y que, de ser así, aplicaría la declaratoria constitucional de ‘República en armas’ para defender la soberanía nacional.
Desde mediados de agosto, Estados Unidos movilizó destructores y submarinos a aguas internacionales próximas a Venezuela, argumentando como objetivo combatir a organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Esta medida se sumó a la declaración formal del Departamento del Tesoro estadounidense, que en julio de 2025 incluyó al denominado ‘Cártel de los Soles’ entre los grupos terroristas y aseguró su colaboración con otras organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
La comunidad internacional permanece dividida respecto a la existencia del cártel y la respuesta frente a la tensión. Mientras gobiernos como los de Argentina, Paraguay y Ecuador reconocen al supuesto cártel como una organización terrorista, líderes como Evo Morales y el presidente colombiano Gustavo Petro sostienen que se trata de una invención estadounidense. Las opiniones opuestas refuerzan la complejidad del conflicto, que sigue marcado por réplicas diplomáticas e incertidumbre en la región.